La oposición defiende inmuebles históricos
Luis José Bussi presentó un proyecto para que se derogue la ley sancionada en diciembre.Continúan los reclamos contra la venta de edificios centenarios
La séptima marcha que se concretó el viernes, en reclamo por la conservación del patrimonio histórico, gozó de una mayor convocatoria respecto de las primeras. Los organizadores caminaron encabezados por un auto Mercury, modelo 1947, con el fin de simbolizar la importancia de preservar y valorar la historia. La manifestación finalizó frente al edificio del Ente Cultural de Tucumán, donde se leyó un documento que instaba al diálogo a Mauricio Guzman, presidente de este organismo. Además, exigieron a los legisladores que deroguen la ley 7.990, que permite la enajenación de edificios centenarios protegidos por la Ley de Patrimonio. El viernes habrá una nueva convocatoria para continuar con las protestas.
Las marchas en repudio a la enajenación de inmuebles que forman parte del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la provincia lograron hacer resonar sus cánticos de protesta en el edificio legislativo. Las voces de las personas que iniciaron las movilizaciones, más las de aquellas que se asomaron -primero por mera curiosidad y luego por firme convicción- no fueron aplacadas por la indiferencia del Ejecutivo, ni por los desalentadores vaticinios.
A pesar del dominio del oficialismo en la Legislatura, desde la minúscula minoría oficialista fue lanzado un proyecto en el afán de que sea derogada la ley que habilita la venta de edificios centenarios de gran valor para Tucumán.
Uno de los seis opositores, Luis José Bussi, elaboró un proyecto por el que propone derogar la Ley 7.990, mediante la cual, en diciembre, fueron desafectados inmuebles de la Ley 7.535, que estableció un sistema de protección del patrimonio. En los motivos que expone Bussi para preservar el acervo cultural e histórico de Tucumán, destaca la compromiso que la Legislatura tiene con la gente de escuchar y atender sus intereses.
“Como representantes del pueblo, tenemos la obligación de oír su reclamo y, en este caso particular, la ciudadanía ya se ha expresado eligiendo la preservación de la ciudad y su patrimonio”. El parlamentario calificó la política del Estado como “un verdadero atropello a la ciudad y su historia ”.
Litigios en puerta
Luis José Bussi vaticinó, además, que el tema se judicializará, a partir de planteos de inconstitucionalidad, que sectores de la población entablarán contra la norma 7.990, como lo hicieron el Colegio de Arquitectos y la Junta de Estudios Históricos por medio de una acción de amparo colectivo. “No podemos dejar de advertir que la norma cuya derogación perseguimos viola lo dispuesto por el artículo 145 de la Constitución provincial y de la Ley nacional 25.275, que declara ciudad histórica el casco urbano originario de San Miguel de Tucumán”, aseveró.
El escrito finaliza con una exhortación dirigida a sus pares para que cumplan la Carta Magna, de modo de impedir lo que considera una “depredación del patrimonio cultural y arquitectónico”.
Por su parte, el Colegio de Arquitectos y la Junta de Estudios Históricos presentarán un escrito para que se determine cuál de las tres salas de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo debe intervenir en la acción de amparo colectiva interpuesta en enero.
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