Nota en el suplemento Arquitectura del diaro Clarin

 

LA 0.3

Patrimonio en peligro

Cuatro edificios de la capital tucumana perdieron su protección patrimonial: el ex Banco Nación, el ex Banco Francés, el Primer Hospital de Niños de la provincia y la casa Paz Posse pueden ser vendidos por el Estado. 

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SILVIA ELINA ROSSI. 






Afines del año pasado, la Legislatura de Tucumán aprobó la Ley Nø 7.990, por la cual se desafectó del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural y de los Bienes Arquitectónicos (Ley Nø 7535) a cuatro edificios declarados Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Tucumán. Con esta medida, se habilita la venta de los edificios del Ex Banco de la Nación Argentina (Dirección General de Rentas de la Provincia, foto), del Ex Banco Francés (Secretaría de Comercio Exterior), de la manzana donde se localiza el edificio del Primer Hospital de Niños de la Provincia (Secretaría de Educación) y de las oficinas del Sistema Provincial de Salud ubicadas en la Casa Paz Posse. Así, se ha iniciado el camino hacia la pérdida definitiva de la ciudad histórica y, por consiguiente, de los valores culturales que ella reflejaba. Se destruirá así la identidad de una sociedad que, en vísperas del Primer Centenario de la Independencia, soñaba con un destino de grandeza y progreso que se expresaba en la jerarquía de los edificios públicos que se construían. Cien años después, para nuestros gobernantes la identidad de su pueblo es sólo un valor de mercado que se trueca sin apego a las leyes, ni respeto por quienes son los únicos dueños de su patrimonio: los integrantes de la comunidad. 

Una comunidad que se expresó públicamente a favor de su patrimonio cultural en reiteradas oportunidades. La primera, en el 2001, cuando fue sancionada la Ley Nø 7.142, conocida como Activo por Activo, la cual permitía que numerosos inmuebles históricos pertenecientes al estado provincial, muchos de ellos hoy nuevamente en peligro, fueran canjeados por obras públicas. Organizaciones intermedias y académicas, apoyadas por la población se manifestaron a través de marchas y debates públicos que culminaron con el retiro de los edificios integrantes de nuestro patrimonio arquitectónico de la nómina de bienes a enajenar. 

Algunos años después —en diciembre del 2004— se consiguió que la Legislatura aprobara las Leyes 7.500 de Patrimonio Cultural; y 7.535, que declaraba Patrimonio Arquitectónico y Urbano a un conjunto de bienes propiedad del Estado provincial. La aplicación de estas leyes tuvo que afrontar la falta de apoyo político y de financiamiento. A pesar de ello, la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural —constituida por mandato de la Ley Nø 7.500—, sustentada por el aporte de la comunidad académica que la respaldaba, logró, con gran tesón, algunos avances en la materia. La importancia de la existencia de este marco normativo quedó claramente demostrada cuando, algunos meses atrás, su aplicación impidió que se demoliera completamente el Ex Mercado de Abasto de Tucumán, diseñado por Alberto Prebisch. 

Desde el poder político se fundamenta la decisión actual de vender nuestro patrimonio arquitectónico escudándose en el deterioro de los edificios y argumentando que el Estado no tiene los fondos suficientes para su conservación. Hoy Tucumán comparte con la Nación índices de crecimiento económico positivo y posee, además, los instrumentos legales necesarios para proteger y gestionar adecuadamente su patrimonio arquitectónico y urbano. La Ley provincial Nø 7.500 de Patrimonio Cultural, sancionada en el 2004, es una ley marco amplia que contempla una visión dinámica e integral del Patrimonio Cultural, posibilitando —de ser necesaria— la gestión público/privada de los bienes culturales. Más aún, en el ámbito municipal, desde el año 2005 San Miguel de Tucumán posee un Plan Estratégico, elaborado con el consenso de la sociedad, en una de cuyas directrices se propone "la revalorización del espacio público, la puesta en valor de edificios del patrimonio histórico y arquitectónico y mejoras en el la situación ambiental en el centro histórico y comercial". 

Hoy, el poder político ignora estos mandatos legales y éticos, permitiendo la destrucción de nuestro patrimonio arquitectónico y urbano. En contraposición a ello, existe un creciente consenso en la sociedad tucumana de que su patrimonio arquitectónico constituye un recurso no renovable fundamental para el desarrollo de la provincia. Una clara muestra de ello son las sucesivas marchas que se repiten todos viernes en la Plaza Independencia desde el 21 de diciembre pasado. Primero fueron ochenta, hoy casi mil, los ciudadanos que se congregan para solicitar que se derogue la ley que atenta contra nuestro patrimonio y que se cumplan las leyes vigentes. Hoy Tucumán necesita y exige que la protección de su patrimonio cultural sea asumida como una verdadera política de estado.

Silvia E. Rossi es arquitecta, docente de la Fac. de Arquitectura y Urbanismo de la UNT  y representante de la UNT en la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.