Nota en la revista Ñ del Clarin

Miércoles 26 Dic

Temen que se venda y destruya parte del patrimonio arquitectónico de Tucumán

En un clima de cada vez mayor tensión, dirigentes y agrupaciones sociales de la provincia reclaman contra la modificación de la ley que protegía el patrimonio arquitectónico histórico y urbanístico de la capital tucumana. Ahora proponen "nacionalizar" el debate. 

Tras la flamante autorización que el Legislativo local otorgó al Poder Ejecutivo provincial para desprenderse de inmuebles centenarios se especula con que la Secretaría de Educación podría ser demolida para construir un complejo comercial y habitacional. En el edificio de la Dirección Provincial de Rentas, en tanto, funcionaría un shopping. Además, los rumores también señalan que en la parte central de la ex Brigada de Investigaciones de la Policía se edificaría el nuevo recinto de la Legislatura. 

Integrantes del Colegio de Arquitectos y del Grupo Alberdi –la facción que alberga a intelectuales de la provincia- entre otros, buscan acordar un plan de acción que incluirá presentaciones en la Justicia y una campaña de difusión en Internet anunciada para el próximo viernes. 

Una de las estrategias que gana cada vez más adeptos entre quienes se resisten a la modificación de la norma es la nacionalización del debate. Por eso, es probable que recurran a Tribunales Federales para pedir que se protejan los inmuebles patrimoniales amenazados. 

Esta opción cobró fuerza, puesto que Tucumán está adherida a una ley nacional que dispone la preservación y el cuidado de ciertas propiedades, como parte del patrimonio cultural intangible del país en su conjunto. 

En tanto, y para no perder tiempo, es una decisión tomada que solicitarán al Poder Ejecutivo el veto de la ley. Al mismo tiempo se profundizará una campaña pública de concientización y movilización ciudadana, que incluye la firma de un petitorio. 

"La protección del patrimonio cultural es un deber ineludible de nuestros gobernantes. Por lo tanto, solicitamos que se cumplan las leyes Nº 7.500 y Nº 7.535, y que no se demuela ningún edificio perteneciente a nuestro patrimonio arquitectónico", dice, simplemente, el texto enviado por los manifestantes. 

Las estrategias son múltiples, y no se descarta la apertura de causas en la Justicia provincial. El argumento sería al fomentar una venta "sin limitaciones" se violarían principios constitucionales. Esta alternativa fue adelantada por las arquitectas Gabriela Lo Giudice y Silvia Rossi (representantes de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y de la Universidad Nacional de Tucumán en la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, respectivamente), en un expediente dirigido al presidente del Ente Tucumán Cultura, Mauricio Guzmán, según reseña el periódico local, La Gaceta. 

En el escrito las profesionales reclamaron al titular del ente cultural su intervención oficial ante la Justicia para impedir la destrucción de los bienes. 

Por ahora la Comisión Provincial no logró prestar quórum para emitir una declaración que avale o condene la nueva ley. Sin embargo, las mismas fuentes periodísticas de la provincia dejaron trascender que la idea mayoritaria del cuerpo era repudiar la reforma.